Qué castigo tienen en España los menores que han cometido un delito

Los menores que han cometido un delito en España no pueden ser condenados a pena de prisión, tal y como ocurre con los delincuentes que han cumplido la mayoría de edad.

Los menores no pueden ir a prisión en España

En España, la ley establece una serie de medidas orientadas a la reeducación del menor que delinque. En los casos más graves, estas medidas pueden llegar a la privación de libertad (internamiento en un centro en régimen cerrado).

Para los delitos más graves, al menor se le puede privar de libertad en un centro de menores

Pero estos centros para menores no son cárceles, aunque a veces lo parecen, sino que son centros de reeducación. Esto significa que la mayoría de las actividades del centro en las que el menor está obligado a participar van orientadas a su reeducación y a formarlo en una profesión para que cuando salga se pueda ganar la vida sin tener que delinquir de nuevo.

Un centro de menores no es una cárcel, en un centro educativo

También hay centros de internamiento especializados en la recuperación y rehabilitación de menores que sufren algún tipo de adicción, ya sea alcoholismo o drogadicción, incluso adicción al juego, que cada vez es más frecuente.

Aquí tienes una relación de las medidas más frecuentes a las que los jueces suelen condenar a los menores que han delinquido en España.

  • Internamiento en régimen cerrado: Esta pena privativa de libertad es el equivalente a la pena de prisión para los adultos y se aplica en los casos más graves. El menor está obligado a permanecer en el centro todo el tiempo (no se le permite salir). Dentro del centro puede asistir a clases e incluso realizar un trabajo remunerado. En los casos más graves, el internamiento en régimen cerrado puede llegar a los 5 años.
  • Internamiento en régimen semiabierto: A veces, la pena de internamiento no incluye pasar todo el día en el centro, sino que el menor puede salir para asistir a clase o trabajar. A veces, también se les permite salir durante unas horas o los fines de semana.
  • Internamiento en régimen abierto: En este caso, el centro es tan sólo la residencia del menor, pero el resto de actividades se realizan fuera. Este tipo de centros no tienen carácter de correctivo, sino que se reservan para menores que están tutelados por la Comunidad. Los menores que viven en estos centros tienen obligación de asistir a clase y someterse a las normas del centro (horario de entrada y salida, etc.).
  • Internamiento terapéutico: Este tipo de medida se reserva para menores que sufren algún tipo de adicción, bien sea a las drogas o al alcohol; o bien para menores que sufren una enfermedad mental, por ejemplo, la esquizofrenia. Si el menor adicto a las drogas rechaza el tratamiento de deshabituación, el juez lo puede internar en un centro cerrado.
  • Tratamiento ambulatorio: Si el menor es adicto al alcohol o las drogas pero no ha cometido un delito grave, entonces puede que se le aplique sólo un tratamiento de rehabilitación de tipo ambulatorio, es decir, que el menor debe asistir a un centro con la frecuencia que indique el juez con el fin de hacer un seguimiento.
  • Asistencia a un centro de día: El juez puede permitir al menor vivir en su domicilio habitual con su familia pero obligarle a que unas horas al día acuda a un centro donde recibirá apoyo psicológico y donde está obligado a realizar algunas actividades de tipo formativo, laboral e incluso de ocio (por ejemplo, para mantenerlo alejado de la calle).
  • Internamiento de fin de semana: El juez puede obligar al menor que ha cometido un delito a permanecer en su casa o internado en un centro desde el viernes por la noche al domingo. Esta medida se aplica normalmente si el menor delinque los fines de semana, cuando se junta con sus amigos.
  • Libertad vigilada: Si el menor ha cumplido ya una parte de la pena de internamiento y ha demostrado un buen comportamiento, el juez puede decretar la libertad, pero sometido a vigilancia. Esto supone que alguien designado por el juzgado debe controlar si el menor, por ejemplo, asiste a la escuela o al trabajo. También comprueba si el menor acude a recibir la terapia socio-educativa asignada para su reeducación.
  • Seguimiento: El juez puede imponer el seguimiento de la conducta del menor para comprobar si acude al trabajo o a la escuela y si realiza las acciones pautadas para su reeducación. El seguimiento se suele hacer por parte de profesionales que trabajan para los servicios sociales. El menor tiene obligación de reunirse periódicamente con estos profesionales para dar cuenta de sus actividades.
  • Obligación de asistir a la escuela: Si el menor está todavía en edad escolar, el juez puede establecer la obligación de asistir a la escuela hasta que cumpla los 16 años o hasta que termine sus estudios. Por lo tanto, no acudir a la escuela se consideraría como un incumplimiento de la sentencia judicial y podría dar lugar a un internamiento.
  • Obligación de asistir a un programa educativo: Dependiendo del tipo de delito que haya cometido el menor, el juez puede obligar a que acuda a un centro donde recibirá unas sesiones formación específica en varios temas: habilidades profesionales y laborales, educación sexual, educación vial o simplemente una educación cultural general para subsanar deficiencias en su educación. La asistencia a estos programas es obligatoria para el menor, y su ausencia se puede considerar como un incumplimiento de la sentencia, lo que podría dar lugar a un internamiento.
  • Prohibición de acercarse a determinados lugares: El juez puede establecer una orden de alejamiento del menor de determinados establecimientos o lugares, por ejemplo, si tiene un problema de adicción al juego, al alcohol o a las drogas. Incumplir una orden de alejamiento puede tener consecuencias penales (delito de quebrantamiento).
  • Arresto domiciliario: El juez puede determinar que el menor permanezca el el domicilio, el equivalente a un arresto domiciliario, aunque para menores no se llama así. Si el menor sale de casa, excepto para ir a trabajar o a la escuela, entonces estaría incumpliendo la sentencia judicial, lo que sería un delito de quebrantamiento.
  • Cambio de residencia: El tiene libertad para determinar cuál debe ser la residencia del menor si así lo estima conveniente, por ejemplo, para que el menor salga de un entorno se se considera perjudicial para su educación.
  • Comparecencias periódicas: Una medida cautelar muy frecuente en el caso de menores es obligar al menor a comparecer periódicamente ante el juzgado de menores. Esta medida va encaminada a asegurarse de que el menor no ha huido para evitar la acción de la justicia.
  • Otorgar la tutela temporalmente a otra persona: A veces el juez determina que lo mejor para el menor es sacarlo de su entorno familiar y hacer que viva durante un tiempo con otra familia o en un centro educativo. Esta medida se supone que ayuda al menor en su proceso de socialización.
  • Prestaciones en beneficio de la comunidad: Esta medida es muy frecuente en el caso de menores que han cometido un delito no muy grave, como un pequeño hurto o un delito de daños en el mobiliario público. Esta medida es sustitutiva de la pena de internamiento, y no se puede imponer si el menor no está de acuerdo, ya que de otra manera tan sólo sería un problema para la institución donde va a colaborar. La prestación se suele realizar en algo que esté relacionado con el delito que ha cometido, para que le sirva como aprendizaje del daño que ha cometido, por ejemplo, ayudando a personas desfavorecidas o en situación precaria.
  • Tareas socio-educativas: Esta medida suele acompañar casi siempre a los menores delincuentes, que se ven obligados a asistir a centros donde recibirán una atención especial y donde tienen que asistir a sesiones con educadores especializados en menores conflictivos. Esta actividad es independiente de la obligación que tiene el menor de acudir regularmente a sus clases, si está todavía en edad escolar.
  • Una amonestación: Los jueces suelen aprovechar que tienen al menor que ha delinquido delante para intentar hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que han tenido o que podrían haber tenido. También aprovechan para advertir al menor sobre las consecuencias que tendría si se volvieran a repetir, especialmente si el menor está cerca de la mayoría de edad.
  • Privación del permiso de conducir o del derecho a obtenerlo: Si el menor ha cometido el delito utilizando un vehículo, ya sea un coche o una motocicleta, el juez puede retirar el permiso de conducir ciclomotores (recuerda que se puede obtener a partir de los 14 años) o bien impedir que pueda sacarse el carnet de conducir a los 18 años, tal y como establece la ley.
  • Inhabilitación: El juez puede inhabilitar al menor, privándole de la posibilidad de acceder a un cargo público o de trabajar para la Administración o un organismo público.

Estas son sólo alguna de las acciones que puede decretar el juez bien como medidas cautelares o como parte de la sentencia. Pero el juez está capacitado para decretar cualquier otra medida que considere que va en beneficio del menor, bien sea para su reeducación o para prevenir que vuelva a delinquir.