En este artículo te explico en qué consiste el delito contra la propiedad intelectual.
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El delito contra la propiedad intelectual
En España, el delito contra la propiedad intelectual se encuentra regulado en el Código Penal, en los artículos 270 a 274. Estos artículos establecen diversas conductas que constituyen delitos contra la propiedad intelectual, como la reproducción, plagio, distribución o comercialización de obras protegidas por derechos de autor sin autorización del titular de los mismos.
La pena por delitos contra la propiedad intelectual en España puede ir desde multas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad del delito y de la cantidad de daño causado al titular de los derechos. Además, el titular de los derechos puede reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de la infracción.
Es importante destacar que en España también existe la posibilidad de realizar acciones civiles para proteger los derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo el ejercicio de acciones de cesación, rectificación y/o indemnización por daños y perjuicios.
Ejemplos de delito contra la propiedad intelectual
Entre las conductas que pueden constituir delitos contra la propiedad intelectual en España se encuentran:
- La reproducción, plagio o distribución no autorizada de obras literarias, artísticas o científicas, incluyendo software y bases de datos.
- La comercialización o distribución de productos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual de terceros, como por ejemplo la venta de productos falsificados o pirateados.
- La vulneración de derechos de propiedad industrial, como el registro o utilización no autorizada de marcas, patentes o diseños industriales.
Algunos otros ejemplos de delitos contra la propiedad intelectual en España podrían ser:
- Piratería de software: Descargar o utilizar sin autorización programas informáticos protegidos por derechos de autor, ya sea para uso personal o para distribución.
- Falsificación de obras literarias o artísticas: Imprimir o reproducir sin autorización libros, revistas, cómics, grabaciones de audio o video, fotografías, pinturas u otras obras protegidas por derechos de autor y distribuirlos en el mercado como si fueran originales.
- Plagio académico: Copiar o utilizar sin permiso el trabajo académico de otra persona, como por ejemplo, tesis, ensayos o trabajos de investigación.
- Comercialización de productos falsificados: Vender productos que llevan una marca, logo o nombre comercial sin tener la autorización de su titular.
- Distribución de contenidos protegidos: Compartir en Internet archivos de música, películas o series protegidos por derechos de autor, sin la debida autorización de sus titulares.
- Uso no autorizado de marcas o patentes: Utilizar marcas o patentes que pertenecen a otra persona o empresa sin tener la autorización para ello.
- La reproducción no autorizada de obras protegidas por derechos de autor, como por ejemplo la copia de un libro o una película y su distribución sin permiso del titular de los derechos.
- La comercialización de productos falsificados o pirateados, como por ejemplo la venta de productos electrónicos, ropa, perfumes, etc. que imitan a marcas reconocidas sin su autorización.
- La distribución de música, películas o software a través de redes de intercambio de archivos sin autorización del titular de los derechos.
- La utilización de marcas o diseños industriales sin permiso de su titular, como por ejemplo la utilización de un logotipo de una marca famosa para comercializar un producto propio.
- La realización de copias de programas informáticos y su venta o distribución sin autorización.
- La publicación de un libro o artículo que copie sustancialmente el trabajo de otro autor sin citarle ni pedirle permiso.
- La utilización de fotografías, ilustraciones o cualquier otro contenido protegido por derechos de autor sin autorización del titular.
Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchas otras conductas que pueden constituir delitos contra la propiedad intelectual en España. Cada caso debe ser evaluado individualmente para determinar si se está produciendo una infracción a los derechos de propiedad intelectual.
Cómo se castiga
En España, el delito contra la propiedad intelectual se encuentra regulado en el Código Penal, en los artículos 270 a 274. La pena por delitos contra la propiedad intelectual puede variar en función de la gravedad del delito y del daño causado al titular de los derechos. Algunas de las sanciones que pueden imponerse son:
- Multas: Las multas por delitos contra la propiedad intelectual pueden ser muy elevadas y oscilan entre los 600 y los 600.000 euros, dependiendo de la gravedad del delito.
- Penas de prisión: En algunos casos, el delito contra la propiedad intelectual puede ser castigado con penas de prisión, que pueden oscilar entre los seis meses y los seis años.
- Cierre de establecimientos: En los casos en los que se haya utilizado un establecimiento comercial para cometer el delito, el juez puede ordenar el cierre del mismo durante un periodo determinado.
- Decomiso de productos y medios utilizados en la comisión del delito: El juez puede ordenar el decomiso de los productos falsificados o pirateados, así como los medios utilizados para su reproducción o distribución, como discos duros, impresoras, etc.
- Indemnizaciones: El titular de los derechos puede reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de la infracción.
Es importante destacar que cada caso se evalúa de forma individual y que la pena impuesta dependerá de la gravedad del delito y del daño causado. Además, en algunos casos el infractor puede ser responsable tanto a nivel penal como civil, lo que significa que además de las sanciones penales, puede ser objeto de una demanda civil por daños y perjuicios por parte del titular de los derechos infringidos.
Cuándo prescribe el delito contra la propiedad intelectual
En España, el plazo de prescripción de los delitos contra la propiedad intelectual está regulado en el Código Penal y puede variar en función de la gravedad del delito y de la pena que corresponda.
En general, los plazos de prescripción para los delitos contra la propiedad intelectual son los siguientes:
- Para los delitos leves, como la distribución o comercialización de productos falsificados, el plazo de prescripción es de un año.
- Para los delitos más graves, como la reproducción y distribución en gran escala de obras protegidas por derechos de autor, el plazo de prescripción es de cinco años.
Es importante destacar que el plazo de prescripción se cuenta desde el momento en que se haya cometido el delito o, en su defecto, desde el momento en que se haya interrumpido la comisión del delito. Además, la prescripción puede interrumpirse si se inicia un procedimiento penal o si se produce alguna actuación del infractor que permita la continuación del procedimiento.
En cualquier caso, es importante tener en cuenta que la prescripción no tiene lugar si el infractor no ha sido identificado o localizado, ya que el plazo de prescripción solo comienza a contar desde que el delito es conocido por la autoridad competente.
Las acciones civiles
Además de las sanciones penales por delitos contra la propiedad intelectual en España, también existe la posibilidad de emprender acciones civiles contra el infractor. Las acciones civiles buscan proteger los derechos de propiedad intelectual y pueden ser ejercidas por el titular de los mismos.
Algunas de las acciones civiles que se pueden emprender en casos de delitos contra la propiedad intelectual son:
- Acción de cesación: Esta acción busca que se obligue al infractor a cesar en su actividad ilícita, es decir, a dejar de reproducir, comercializar o distribuir los productos falsificados o pirateados.
- Acción de rectificación: Esta acción busca que se obligue al infractor a rectificar la información engañosa o inexacta que haya publicado, como por ejemplo el registro de una marca o de un diseño industrial que no le corresponde.
- Acción de indemnización por daños y perjuicios: Esta acción busca que el titular de los derechos sea indemnizado por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de la infracción. La indemnización puede incluir, entre otros, los beneficios que el infractor haya obtenido ilícitamente, el valor de las pérdidas sufridas por el titular de los derechos y los gastos en que haya incurrido para hacer frente al delito.
Es importante destacar que estas acciones civiles pueden ser ejercidas de forma conjunta o independiente a las acciones penales, y que la posibilidad de emprenderlas no está sujeta a la imposición de una sanción penal.