Qué es el delito de agresión sexual y cuál es la pena

¿Quieres saber qué se considera delito de agresión sexual en España? En este artículo te explico lo que dice el Código Penal español sobre el delito de agresión sexual y cuál es la pena o castigo.

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El delito de agresión sexual en el Código Penal español

El Código Penal considera una agresión sexual cualquier comportamiento de carácter sexual sin consentimiento previo de la víctima.

Es decir, que el delito de agresión sexual es un delito contra la libertad sexual de las personas, ya sean hombres o mujeres.

Lo que se castiga en un delito de agresión sexual es cualquier acto sexual donde alguno de los participantes no lo haga libremente, sino obligado con violencia o intimidación.

delito de agresión sexual en el código penal
El delito de agresión sexual en el Código Penal

La agresión sexual no supone penetración de ningún tipo, pueden ser simplemente caricias o tocamientos.

Lo que hace delictivo el comportamiento del agresor son dos cosas:

  • Falta de consentimiento
  • Uso de la violencia o intimidación
  • Contenido libidinoso del acto

Qué se entiende por contenido libidinoso

Se entiendo como contenido libidinoso cualquier acto que tenga intención sexual. Vamos a poner un ejemplo:

  • Un médico toca los pechos de una paciente para comprobar si hay un tumor: en este caso NO hay intención libidinosa, es un acto terapéutico justificado por la práctica médica habitual.
  • Un desconocido acorrala a una mujer en un callejón oscuro y le toca los pechos: en este caso SÍ que hay contenido libidinoso, además de que el acto se hace con violencia e intimidación a la víctima de los tocamientos. Es una agresión sexual en toda regla (delito de agresión sexual).
  • Un desconocido se choca de forma accidental con una mujer en la calle y le roza los pechos. En este caso NO hay contenido libidinoso, pues se entiende que el roce se ha producido de forma accidental, sin ninguna intención sexual.

Qué se entiende por violencia en una agresión sexual

El uso de la violencia o intimidación de la víctima es lo que distingue una agresión sexual de los abusos sexuales.

No hay un catálogo de actos que se consideran violencia sexual, por eso el juez dictaminará en cada caso si la víctima ha sufrido violencia o intimidación.

En términos generales, se entiende que hay violencia sexual si el agresor actúa en contra de la voluntad de la víctima, por ejemplo, imponiendo su fuerza física o intimidando a la víctima, que puede, bien resistir la agresión, o bien quedar paralizada por el miedo.

Por ejemplo, puede que la víctima de la agresión sexual se deje hacer para evitar un mal mayor, pero eso no implica que ha consentido.

En el caso de una intimidación de la víctima por el agresor, no es necesario que le amenace con algo grave, por ejemplo, con matarla, lo importante es que la amenaza resulte creíble, al menos para la víctima.

La amenaza también debe ser suficiente para provocar en la víctima que no oponga resistencia o que ceda a los intentos de agresión sexual.

A raíz de la sentencia de «la manada», se considera intimidación ambiental suficiente cuando es un grupo el que presiona a la víctima para que mantenga relaciones en contra de su voluntad. El mero hecho de que sea un grupo el que lo solicita, puede hacer que la víctima acceda por miedo a las consecuencias.

¿Es necesario que la víctima oponga resistencia a la agresión sexual?

Cualquier acto de carácter sexual que se realice contra la voluntad de la víctima o sin su consentimiento supone una agresión sexual.

La negativa de la víctima debe ser clara y sin matices. Sin embargo, no es necesario que la víctima oponga una resistencia heroica contra el agresor para que haya delito; basta con que la víctima diga «no».

Si la víctima rechaza los avances del agresor, aunque sea de forma amable, la mera insistencia puede suponer un acto de intimidación, por lo que se entiende que se habría producido una agresión sexual.

En ocasiones, la víctima puede incluso participar de manera activa en el acto de carácter sexual por miedo a las consecuencias si se opone abiertamente al agresor, especialmente si éste actúa con violencia o es una persona corpulenta. En este caso, también se habría producido un delito de agresión sexual, ya que la participación de la víctima se ha conseguido en contra de su voluntad inicial y tan sólo mediante la intimidación por parte del agresor.

Además, el consentimiento para realizar actos de carácter sexual no es ni vinculante ni permanente. En cualquier momento, la víctima puede cambiar de opinión y pedir al agresor que cese inmediatamente en sus avances. Sí sería necesario que se manifieste de manera clara y sin dejar lugar a dudas. Si el agresor ignora la petición de la víctima y continúa en su acción, entonces estaría cometiendo un delito de agresión sexual.

El silencio de la víctima ante los avances del agresor no se debe nunca interpretar como un consentimiento tácito; al contrario, si el agresor inicia actos de carácter sexual y la víctima se mantiene pasiva y permanece en silencio cuando se le pregunta si está de acuerdo, entonces debe entenderse que no da su consentimiento y cualquier acto sería considerado por los jueces como una agresión sexual.


Es necesario hacer una especial consideración al concepto «consentimiento» de la víctima o «resistencia» que la misma puede emplear ante el acto del agresor. Basta con que el sujeto pasivo se niegue a realizar el comportamiento sexual solicitado por el agente para que se cometa un delito de agresión o abuso sexual; ahora bien, la negativa del sujeto pasivo debe ser clara y sin matices, aunque a la víctima no se le puede exigir comportamientos heroicos o una resistencia activa y tenaz. Basta, por tanto, con un «no» para entender que la insistencia del sujeto en la actividad sexual, cualquiera que sea su manifestación, acompañada de cierta fuerza o intimidación puede ser un delito de agresión sexual. La resistencia puede ser de naturaleza pasiva o incluso, en algunas ocasiones, de cierta colaboración en la actividad sexual. La víctima puede tener una participación activa en el acto sexual cuando se vea atemorizada por la corpulencia del agresor y piense que además de atentar contra su libertad sexual pueda dañar su integridad física o acabar con su vida. El consentimiento otorgado por la víctima no es vinculante ni permanente, por lo que cuando éste lo estime oportuno puede revocarlo, aunque en estos casos es necesario que se haga partícipe de esa decisión al sujeto que está teniendo o que quiere mantener la relación sexual.

El TS, en su STS 344/2019, de 4 de julio, entiende que «el silencio de la víctima solo se puede interpretar como una negativa»

En muchas ocasiones es difícil valorar, y probar si esa resistencia se ha producido o no (cuestión ésta relacionada con el consentimiento), o incluso si ha habido cierta amenaza o intimidación. Estos delitos se cometen en cierta clandestinidad y en unidad de acto, lo que hace muy difícil probar, con garantía de éxito para destruir la presunción de inocencia, la culpabilidad del sujeto activo. Se trata, por tanto, en la mayoría de ocasiones de versiones contradictorias: la del denunciante y la del denunciado. Cuando la declaración de la víctima es la única prueba de cargo se exige -como ha dicho el Tribunal Supremo- una cuidada y prudente valoración por el tribunal sentenciador, ponderando su credibilidad en relación con todos los factores subjetivos y objetivos que concurran en la causa, precisando que no basta la mera afirmación de confianza con la declaración testimonial cuando aparece como prueba única, sino que ha de ir acompañada de una argumentación, y ésta ha de ser razonable por encontrarse apoyada en determinados datos o circunstancias. Por tanto, en estos casos, es esencial la prueba de otros elementos colaterales o incidentales que hagan inclinarse por una u otra alternativa. En cualquier caso, el hecho de que no existan tales pruebas no puede conducir de manera inexorable a la absolución del acusado, por lo que cabe su condena con el único dato de la declaración del sujeto pasivo, aunque en estos casos es necesario que el tribunal compruebe que se dan las siguientes notas:

  • 1º) Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones acusador/acusado que pudieran concluir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre.
  • 2º) Verosimilitud; es decir, constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un testimonio (declaración de conocimiento prestada por una persona ajena al proceso). Es fundamental la constatación objetiva de la existencia del hecho.
  • 3º) Persistencia en la incriminación: esta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, pues constituyendo única prueba enfrentada con la negativa del acusado, que proclama su inocencia, prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de éste es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen su inveracidad.

Estos tres elementos no han de considerarse como requisitos, de modo que tuvieran que concurrir todos unidos para que el tribunal pudiera dar crédito a la testifical de la víctima como prueba de cargo, sino que son reglas orientativas, o método de trabajo, en los que el tribunal sentenciador debe fijarse, bastando con la concurrencia de una sola de ellas para que el tribunal pueda fundamentar una sentencia condenatoria o absolutoria. Es solamente una llamada de atención para realizar un filtro cuidadoso de las declaraciones de las víctimas, no pudiéndose descartar aquellas que, aún faltando alguno de esos requisitos, tienen solidez, firmeza y veracidad objetiva

En cuanto a la consumación delictiva, la jurisprudencia entiende que el delito se comete, consumándose la acción, cuando se dan consecutivamente los siguientes elementos: empleo de violencia o intimidación; acción de tocamiento, o similar, con un contenido sexual; y el ánimo libidinosos del agresor. Cuando concurren todos y cada uno de ellos, se entiende que existe un delito de agresión sexual. No obstante lo cual, se permite la la tentativa. Para ello, es necesario que se haya dado inicio a la ejecución del delito, empleando violencia o intimidación pero sin llegar a realizar acto o tocamiento sexual alguno y siempre y cuando lo haya realizado con intención de obtener una satisfacción sexual.

La pena prevista es la de prisión de 1 a 5 años.

Agresión cualificada o violación

Se recoge en el artículo 179 del Código Penal. Para que se produzca la violación, se requieren los mismos elementos que los del tipo básico ya analizados y, además, que la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de estas vías.

Subtipos agravados de las agresiones sexuales

El Artículo 180 del Código Penal recoge 5 subtipos agravados:

1ª) Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.

Los delitos de agresión sexual tienen en sí mismos un componente que implica necesariamente la degradación, humillación y vejación de las víctimas, en cuanto que mediante el empleo de la fuerza o intimidación se vulnera un ámbito de intimidad y libertad de tanta importancia y trascendencia para la persona como es el de su sexualidad. Este carácter vejatorio o degradante del delito ya ha sido considerado por el legislador, reflejándolo en la ley, al señalar las penas que corresponden a sus autores, y puede ser valorado en cada caso por el Tribunal en el momento de individualizar la pena, por lo que esta agravación, no se refiere a los actos sexuales realizados, de por sí humillantes, vejatorios y degradantes, sino a la violencia o intimidación empleada en su ejecución, y solo será apreciable cuando éstas, la violencia o intimidación, superen con claridad los niveles propios del delito, es decir, cuando, como se dice en el mismo artículo, revistan un carácter «particularmente» degradante y vejatorio.

Tal ocurrirá cuando se aprecie, al lado de la conducta descrita en el tipo del artículo 178 y 179, una violencia o intimidación caracterizadas por una brutalidad, salvajismo o animalidad añadidos, o una conducta del autor que pretenda y alcance una humillación, degradación o vejación relevantes no necesarias para la ejecución del tipo objetivo, es decir, algo más de lo que es connatural a casi toda agresión sexual. (STS 530/2001, de 28 de marzo)

2ª) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.

Se requiere que la actuación sea conjunta, con acuerdo previo o simultáneo, aunque no se exige que todos consumen el acto sexual. Basta la colaboración.

3ª) Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o situación, salvo lo dispuesto en el artículo 183 CP, que regula las agresiones sexuales para menores de 16 años .

La agravación radica en la debilidad y vulnerabilidad de la víctima, por la edad, que abarca tanto a personas mayores de 16 años como a personas de avanzada edad siempre que exista esta situación de vulnerabilidad, enfermedad (debilidad mental) o situación (ejemplo: persona embarazada).

4ª) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.

No cabe apreciar, sin embargo, la circunstancia de prevalimiento por razón de parentesco, al colateral por afinidad que no parece estar incluido en el precepto agravatorio, el cual, únicamente hace referencia a ascendientes, descendientes o hermanos, incluyendo dentro de este grupo tanto a los hermanos por naturaleza o por adopción como a los afines con la víctima, pero no a otros colaterales por afinidad como son los tíos políticos (STS 1769/2001 de 5 de octubre).

5ª) Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 del CP, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas.

Se exige el uso del arma que se cumple con la función meramente intimidatoria sin que sea preciso el uso efectivo.

Se agrava la responsabilidad penal de los delitos anteriores. Por ello, todas las reflexiones que se han efectuado en los anteriores artículos tiene validez para el presente y además deben darse alguna de las circunstancias contempladas en el precepto.

Son circunstancias agravantes específicas que su mera existencia en el hecho punible suponen un aumento de la pena sin que pueda apreciarse, además, ninguna de las agravantes genéricas del artículo 22 CP que son coincidentes con éstas.

Si concurre alguna de estas agravantes, la pena para el delito de agresión sexual del art. 178 CP será de 5 a 10 años.

Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, la pena anterior se impondrá en su mitad superior.

Agresiones sexuales a menores de dieciséis años

El tipo básico se regula en el art. 183.2 CP, modificado por la LO 1/2015, que recoge dos supuestos:

  • • La agresión sexual cuando se cumplan los requisitos recogidos en el art. 178 CP, si el sujeto pasivo es menor de 16 años.
  • • Se tipifica expresamente la conducta de compeler, con violencia o intimidación, a un menor de dieciséis años a participar en actos de naturaleza sexual con un tercero o a realizarlos sobre sí mismo. Se introduce así el comportamiento previsto en el artículo 3.6 de la Directiva 2011/92/UE.

En estos casos la pena prevista es de 5 a 10 años de prisión.

El art. 183.4 CP establece, en redacción dada por la LO 1/15 de 30 de marzo, los subtipos agravados, para los que se prevé la pena anterior en su mitad superior, cuando:

  • • El escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima, o el hecho de tener un trastorno mental, la hubiera colocado en una situación de total indefensión y en todo caso, cuando sea menor de cuatro años.
  • • Los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.
  • • La violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.
  • • Para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.
  • • El culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.
  • • La infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades.

Finalmente el art. 183.5 CP establece la agravación en casos de prevalimiento del carácter de autoridad, agente o funcionario público, en cuyo caso se aplicará también la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.